La representación jurídica de los pobladores de Samalayuca que se oponen a la apertura de La Gloria, ha sido asumida por la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a partir de este lunes 24 cuando fue interpuesto un amparo, al tiempo que inició la recolección de firmas a una petición través de Internet.

La solicitud del juicio de garantías fue anunciada en rueda de prensa hoy por los representantes del área jurídica de MCCI, Gerardo Carrasco y Felipe Neri, quienes acompañaron a activistas ambientales de Samalayuca.

La solicitud de amparo ante el Poder Judicial de la Federación plantea la suspensión inmediata de los trabajos preparatorios de la mina a cielo abierto La Gloria, debido a que en la región está localizada una zona natural protegida y a que su apertura significa importantes e irreversibles daños al ecosistema (agua, fauna y flora, petrograbados y la agricultura). Adicionalmente, se señala la ilegalidad e inconstitucionalidad de los permisos otorgado a la empresa Samalayuca Cobre, S.A. de C.V., financiada por la empresa canadiense VVC Exploration Corporation.

Las autoridades señaladas en la solicitud son la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y sus titulares, así como el Congreso de la Unión. La segundas de ellas «modificó su postura en torno a la protección del ecosistema y a la necesidad de suspender permisos y licencias otorgados en favor de la mina y frenó todas sus recomendaciones contra el proyecto de Samalayuca Cobre, pero a la fecha la construcción de la mina continúa«.

Se argumenta ante el tribunal federal la aplicación del principio de precaución para proteger la integridad ambiental de la zona, se indicó.

Como parte de lo que en el ámbito legal se conoce como el litigio estratégico, se planea recolectar 6 mil 597 firmas que respalden la causa, y que si bien no tienen un efecto jurídico sí permiten que sea desarrollada la tarea ciudadana de apoyar a los pobladores de Samalayuca, sin perder de vista que las afectaciones pueden alcanzar a Ciudad Juárez.

Los puntos de la petición son: 1) manifestar oposición a la construcción de la mina a cielo abierto en Samalayuca; 2) exigir que las autoridades ambientales revoquen las autorizaciones de la mina y 3) que el gobierno federal no permita la construcción y operación de la mina, y que para ello los jueces concedan suspensiones y amparos a quienes combatan las autorizaciones de la mina.

La intervención de MCCI incluye una extensa investigación periodística in situ que puede ser observada aquí, así como testimonios recabados en la zona.

Se prevé que, en caso de que el amparo no sea otorgado en primera instancia, el caso se vaya hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e inclusive a instancias internacionales como la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos (CIDH, CoIDH).

Este es el primer caso ambiental que involucra derechos humanos que es tomado por MCCI, organización con sede en #CDMX y cuya trayectoria es reconocida a nivel nacional e internacional a partir del caso La Estafa Maestra (investigación realizada en conjunto con AnimalPolítico.com).